Adultos mayores - Vulnerabilidad, autonomía y poder.

Escribe: German Mato

Este texto está escrito desde la perspectiva de una persona que no vive con una discapacidad y que se considera totalmente funcional. Por eso, escribir sobre discapacidad implica asumir un lugar de enunciación particular y, en cierto sentido, atrevido: hablar sobre experiencias que no me pertenecen directamente, aunque puedo ver y percibir. Lo hago no desde la pretensión de representar a quienes viven estas realidades, sino desde la voluntad de reflexionar, escuchar y contribuir a una conversación que necesariamente debe incluir sus propias voces y experiencias.

Cuando una persona adulta mayor atraviesa un período de especial vulnerabilidad, la sociedad, las instituciones y su entorno cercano tienen una responsabilidad particular: proteger sin sustituir, acompañar sin controlar y cuidar sin apropiarse de sus decisiones.

Desde una perspectiva de gerontología crítica y ética del cuidado, la vulnerabilidad no debería ser entendida únicamente como fragilidad física, económica o emocional. Es también una condición que puede aparecer cuando disminuyen determinados recursos de autonomía, cuando se deterioran los vínculos sociales o cuando una persona queda expuesta a relaciones asimétricas de poder.

Pero reconocer vulnerabilidad no significa negar la agencia.

Una persona mayor puede conservar capacidad de decisión, tener fuertes rasgos de personalidad, desarrollar comportamientos conflictivos, ejercer influencia sobre quienes la rodean o mantener dinámicas relacionales que pueden resultar dañinas. Nada de ello elimina su dignidad ni justifica que terceros utilicen su situación para intervenir arbitrariamente sobre su vida, mucho menos, sobre la vida de otros.

Precisamente por eso, el desafío político y ético consiste en sostener simultáneamente dos principios: protección y autonomía.

La respuesta frente a una persona vulnerable no debería ser convertirla en un objeto de tutela permanente ni utilizar sus dificultades como argumento para que otros decidan por ella. Tampoco debería consistir en construir alrededor suyo una red de dependencia que termine beneficiando a familiares, amistades, grupos sociales o comunidades.

Aquí aparece una dimensión política fundamental: quien controla los vínculos, la información, los recursos o las decisiones de una persona vulnerable puede adquirir una cuota de poder sobre ella.

Por eso, cuando el cuidado comienza a producir aislamiento, dependencia, pérdida de vínculos, subordinación o concentración de decisiones en manos de terceros, es necesario preguntarse si seguimos hablando de cuidado o si estamos frente a una forma de control, porque si algunos se ven beneficiados por la poca dependencia de uno o por un vinculo toxico de control, no podemos estar hablando de buenos valores.

Erosionar deliberadamente los vínculos de una persona mayor, interferir en sus relaciones, administrar su entorno para obtener beneficios propios o convertir su vulnerabilidad en un instrumento de influencia no constituye necesariamente protección.

Cuidar también implica preservar el mundo social de la persona.

Desde la ética del cuidado, el objetivo no debería ser generar una dependencia indefinida, sino construir condiciones para que la persona pueda vivir con la mayor autonomía posible. Y esto implica algo todavía más importante: que quienes rodean al adulto mayor tampoco queden atrapados en relaciones de dependencia respecto de él.

La autonomía, entonces, debe pensarse en ambas direcciones.

No se trata solamente de preguntarnos cómo hacer que una persona mayor dependa menos de su entorno. También debemos preguntarnos cómo evitar que familiares, amigos, cuidadores o comunidades construyan su propia posición de poder a partir de la dependencia de esa persona.

Una política verdaderamente orientada al bienestar debería buscar redistribuir capacidades, ampliar redes de apoyo y generar alternativas para todos los actores involucrados.

Porque proteger no es aislar, acompañar no es controlar, cuidar no es apropiarse.

Y reconocer la vulnerabilidad de una persona no significa quitarle su condición de sujeto. La verdadera protección es aquella que aumenta las capacidades, preserva la dignidad y amplía la autonomía.

Incluso cuando una persona resulta difícil, conflictiva o ejerce una influencia considerable sobre quienes la rodean, la respuesta ética no debería ser la instrumentalización de su vulnerabilidad, sino la construcción de condiciones que permitan disminuir las relaciones de dependencia y aumentar la autonomía de todos.

En última instancia, una sociedad democrática no debería preguntarse solamente quién necesita ser protegido, sino también quién está adquiriendo poder a partir de esa necesidad de protección.

Ahí comienza una mirada política de la vulnerabilidad.