Brasil bajo la polarización: balance y perspectivas

Fuente:  Nueva Sociedad

Escribe: Esther Solano, Alexandre Fuccile

Introducción:

En la última década, la democracia en Brasil ha estado bajo presión, pasando por distintos momentos en los que ha sido cuestionada, amenazada e incluso erosionada desde dentro1. El último y más simbólico acontecimiento en este sentido fue el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, pocos días después del inicio del tercer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y la condena de los implicados, entre ellos el ex-presidente Jair Bolsonaro, en septiembre de 2025, por el Supremo Tribunal Federal (stf). Aún es pronto para decir si se trata de un punto de inflexión, pero sin duda es alentadora la histórica decisión del stf de condenar al ex-presidente y a varios generales, en un país con una larga tradición de impunidad. 

La escena política sigue agitada. La situación brasileña en 2025 se caracterizó por las tensiones entre los tres poderes del Estado, la polarización política y la incertidumbre económica, elementos que generan fuertes dosis de incertidumbre. Recientemente, un informe de la Policía Federal, fruto de una extensa investigación, señaló la existencia de un plan, denominado Punhal Verde Amarelo [Daga verde-amarilla], cuyo objetivo era el asesinato del presidente Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del ministro del stf Alexandre de Moraes2. La proximidad de las elecciones presidenciales de 2026, previstas para el mes de octubre, también agudiza las disputas y crispa la campaña electoral. La relación entre el gobierno y el Congreso Nacional, especialmente con el llamado «centrão», una agrupación informal de parlamentarios de diferentes partidos cuya principal característica es el extremo pragmatismo y la ambición por cargos y recursos, se enfrenta a diversos retos. El apoyo, aunque sea parcial y minoritario, como ha ocurrido a lo largo del actual gobierno, es fundamental para garantizar la gobernabilidad. La ruptura con el oficialismo de partidos como União Brasil y Progressistas (ambos miembros del centrão, que formaron una federación con vistas a las elecciones de 2026 y cuentan con una bancada de 109 diputados federales –la mayor de la Cámara– y 14 senadores) es un ejemplo notable, que afecta la estabilidad de la coalición y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en la última fase de la gestión lulista, lo que plantea nuevos retos para el presidente de la República, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2026. Cabe destacar también la judicialización: cuestiones que deberían resolverse en el ámbito político acaban siendo llevadas al Poder Judicial, en especial al stf, que a su vez ha adoptado una postura más activa en la toma de decisiones que afectan la política interior e incluso, en ocasiones, la política exterior. 

El acelerado ritmo de la política internacional también trae consigo cambios geopolíticos importantes y pone en jaque antiguos acuerdos y alianzas. En el ámbito económico, la preocupación por las cuentas públicas y la sostenibilidad fiscal se cierne sobre el gobierno, especialmente tras la desaceleración del crecimiento en 2025 y el aumento de la deuda pública. Además, hay avances y retos en el ámbito social que cobran un nuevo significado en presencia de un Poder Legislativo con un enorme protagonismo político y con una fuerza incluso presupuestaria nunca antes vista en la historia republicana. Por último, los militares son otros actores que no pueden ser descuidados y que merecen nuestra reflexión sobre lo que se puede esperar –o no– en 2026. Así, pasando por las dimensiones externa, política, económica, social y militar, trataremos de dar cuenta de la caleidoscópica y desafiante actualidad brasileña, buscando construir un panorama de lo que puede suceder a lo largo de 2026. 

El panorama externo

La aceleración de la historia, como algunos historiadores denominan al periodo actual en el que múltiples procesos globales se desarrollan de forma interconectada, intensa e impredecible, también ha tenido repercusiones en Brasil y en su relación con el mundo exterior. El presidente Lula da Silva ha reforzado su apuesta por el Sur global, originalmente diseñada durante los años en que ocupó el Palacio del Planalto, entre 2003 y 20103, sin perjuicio de las alianzas tradicionales con Estados Unidos, la Unión Europea y los vecinos latinoamericanos, entre otros. 

Sin ser exhaustivos, eventos como la cumbre del g-20 en noviembre de 2024 en Río de Janeiro (que marcó el final de la Presidencia brasileña en el grupo), la Presidencia del brics (Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica) a lo largo de 2025 y la del Mercado Común del Sur (Mercosur) desde julio de 2025 –desde la cual se buscó, insistentemente, concretar la firma del postergado acuerdo de libre comercio con la ue–, sin olvidar la cop30, celebrada en Belém, en el corazón de la Amazonía, en noviembre de 2025, dan una idea de la intensa agenda exterior brasileña en los últimos meses del tercer año de gobierno de Lula. Con respecto a la 30a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Conferencia de las Partes), Brasil ha tratado, a través de la agenda medioambiental, de reactivar un activo diplomático que en su día fue poderoso: ha logrado una reducción de la deforestación con respecto a 2024, en el segundo año consecutivo de descenso, con una disminución de 32,4% con respecto a 20234, y ha mostrado, en términos generales, una mayor preservación de sus seis biomas (Amazonia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlántica, Pampa y Pantanal).

A menudo se ha criticado al gobierno por mantener estrechos vínculos con los países miembros del brics –hoy compuesto por un número muy superior de países que los que dieron origen al acrónimo–, varios de ellos, en efecto, autocracias. Pero Lula da Silva ha respondido que se trata de alianzas pragmáticas, que priorizan los beneficios económicos y diplomáticos. La posición oficial brasileña ha sido no alinearse ideológicamente con estos regímenes, sino buscar reforzar la autonomía estratégica del país y el multilateralismo en el escenario global, caracterizado por la erosión de la democracia liberal en varios países. Otros prefieren recordar que aquí existiría una contradicción, dado que la política exterior del tercer mandato de Lula da Silva tiene entre sus ejes centrales la promoción y el fortalecimiento de la democracia, incluso con la creación de un mecanismo de diálogo permanente para coordinar su defensa anunciado en marzo de 2024, tras la visita del presidente español Pedro Sánchez a Brasilia, y que cuenta actualmente con la participación de varios países. 

Es un momento de declive del multilateralismo en el sistema internacional y de recrudecimiento de las relaciones de fuerza entre Estados –guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto entre Israel y Palestina, calificado por Lula como «genocidio», y ataque israelí-estadounidense a Irán– y de aguzamiento del deterioro de las relaciones diplomáticas desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia de la mayor potencia económica y militar del mundo, en enero de 2025. En el caso de Brasil, en un claro intento de injerencia, el presidente estadounidense tomó represalias unilaterales contra el país en los ámbitos económico, comercial y diplomático, debido al proceso judicial contra su aliado Jair Bolsonaro. El resultado ha sido una mayor dependencia de Brasil respecto de China, el mayor socio comercial del país desde 2009, que actualmente absorbe alrededor de 25% de sus exportaciones y representa alrededor de 40% del superávit comercial del país5. Se trata de una consecuencia indeseable para Brasilia, que prefería mantener una distancia pragmática entre Washington y Beijing, y negociar ventajas e inversiones estratégicas según convenía a los intereses nacionales. A raíz de estos acontecimientos, el gigante asiático anunció inversiones multimillonarias hasta 2032, que abarcan sectores claves de la economía como movilidad, energías renovables, tecnología, minería y semiconductores (muchas de estas inversiones ya están en marcha). La lista de sanciones estadounidenses ya ha comenzado a revisarse con el anuncio de importantes excepciones. Hay señales de Trump a Lula (iniciadas en la apertura de la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas en el pasado mes de septiembre), recordando que Brasil es un actor regional muy importante –se trata de una de las diez mayores economías del mundo–, además de ser el segundo mayor poseedor de tierras raras del planeta, solo por detrás de China, y un importante proveedor de alimentos en algunos segmentos para eeuu, pero aún no sabemos cuáles serán sus repercusiones futuras. Incluso ha comenzado a replantearse el modelo de defensa brasileño, alineado con el modelo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), aunque aún no se ha anunciado ninguna decisión efectiva. 

El escenario político

Con la inhabilitación judicial de Jair Bolsonaro en 2023 (hasta 2030) y su condena por el complot golpista a más de 27 años de prisión, la oposición ha buscado un nuevo líder, lo que ha generado tensiones políticas en el periodo preelectoral. Por orden de proximidad e importancia, intentaron ocupar su lugar los gobernadores de San Pablo (Tarcísio de Freitas), Paraná (Ratinho Júnior), Minas Gerais (Romeu Zema) y Goiás (Ronaldo Caiado), e incluso la ex-primera dama Michelle Bolsonaro. Finalmente, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex-presidente, será candidato a la Presidencia de Brasil, avalado por su padre. 

El proceso a Bolsonaro ha dado lugar a sanciones contra el país, como un arancel de 50% a las exportaciones brasileñas hacia eeuu, la suspensión de visados a jueces del stf y a miembros del gobierno de Lula (extensiva a sus familiares) y la aplicación de la Ley Magnitsky (creada para castigar a los extranjeros por graves violaciones de los derechos humanos y prácticas de corrupción). El ex-presidente Bolsonaro ha sido condenado a prisión, mientras que Trump sigue calificando lo ocurrido como una «caza de brujas» e intentando interferir directamente en la política y la justicia brasileñas. 

Vale la pena recordar, aunque sea brevemente, el episodio golpista de enero de 2023 y sus repercusiones en la actualidad. El 8 de enero de ese año, Brasil se vio sorprendido por la invasión –y vandalización– del Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo en Brasilia por parte de huestes bolsonaristas, con la finalidad de impedir un nuevo mandato de Lula da Silva. 

En ese día en que la democracia se vio amenazada, los indignados por la derrota en las urnas, que acampaban frente al cuartel general del Ejército desde el revés electoral, pedían la cancelación de las elecciones, la intervención militar, el regreso del ai-5 (un conjunto de medidas decretadas por la última dictadura para consolidar su poder) y la destitución del ministro del stf Alexandre de Moraes6. Una parte importante de la turba fue rápidamente condenada, mientras que las sentencias contra sus líderes fueron anunciadas el 11 de septiembre de 2025, en el juicio de la Acción Penal (ap) 2668, por el stf. La sentencia tenía como acusados a los ocho miembros del Núcleo 1 del intento de golpe, o Núcleo Crucial, según la Fiscalía General de la República (pgr, por sus siglas en portugués)7. De ellos, siete acusados fueron condenados por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, daños graves y deterioro del patrimonio protegido. 

Incluso antes del veredicto final y el anuncio de las penas, el centrão comenzó a hacer circular en el Parlamento una propuesta de amnistía para los implicados en los hechos del 8 de enero de 20238. Esto se ajusta a una larga tradición brasileña de impunidad de este tipo de delitos, como se vio en la etapa de la redemocratización del país. Las encuestas indican que la mayoría de la sociedad rechaza una amnistía, pero los diputados y senadores han planteado diferentes formatos y propuestas (incluso en su forma más «suave», mediante la reducción de las penas). 

Cabe señalar que esta propuesta mantiene viva la llama de la polarización. Por lo demás, a un año de las elecciones, la posición de Lula como favorito está rodeada de riesgos. No hay que olvidar que, de las nueve elecciones presidenciales celebradas desde el regreso de la democracia en 1985, en cuatro quienes lideraban un año antes acabaron derrotados en las urnas. A diferencia de las democracias donde la previsibilidad es la norma, en Brasil la volatilidad es estructural. El sistema proporcional de lista abierta, la fragmentación partidaria, la inestabilidad económica, los débiles vínculos partidarios y el alto grado de ambivalencia ideológica explican este fenómeno. La ciencia política internacional establece que, en elecciones en las que el titular del poder tiene 40% o más de aprobación, existe 75% de posibilidades de que sea reelegido. Lula se encuentra exactamente en ese umbral. Su gobierno mantiene alrededor de 45% de aprobación, y poco más de la mitad del electorado califica el trabajo personal del jefe de Estado como «bueno/excelente» y «regular». Es una posición de equilibrio inestable: cualquier movimiento puede empujarlo dentro o fuera de la zona de confort estadístico9.

Actualmente, el presidente brasileño, que venía de una serie histórica persistente de baja en la valoración popular, comenzó a recuperar una parte importante de su popularidad a partir de los episodios de injerencia protagonizados por Donald Trump10. Invocando la soberanía y afirmando que esta no es negociable, Lula y sus ministros utilizan gorras azules con el lema «Brasil es de los brasileños» y la bandera de Brasil, en contraposición a la gorra roja con la inscripción «Make America Great Again» y la bandera de Estados Unidos, junto con la de Israel, utilizadas por una parte importante de la derecha brasileña desde principios de 2025. El gobierno lanzó el Plan Brasil Soberano, que destinará 40.000 millones de reales (unos 7.600 millones de dólares estadounidenses) a compensar las pérdidas de los exportadores afectados por el aumento de los aranceles estadounidenses en vigor desde agosto de 2025, y se reposicionó lanzando una nueva marca de gobierno que cambió «Brasil: unión y reconstrucción» por «Gobierno de Brasil, del lado del pueblo brasileño». 

No obstante, Flávio Bolsonaro se acerca a Lula en las encuestas para una segunda vuelta11. El gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, aseguró que la contienda será entre «Lula y Fávio, y punto». De esta forma, la elección enfrentará nuevamente a Lula da Silva con un Bolsonaro, con final completamente abierto.

La decisiva arena económica

Si la política sigue en suspenso, la economía se presenta como el campo decisivo en el que se decidirá la batalla electoral. De 1,5% durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022), el crecimiento medio del pib subió a 3,2% en 2023 y 3,4% en 2024, ya bajo el mandato de Lula. Pero en 2025, además de la frágil situación fiscal interna, el panorama internacional trajo nuevas inestabilidades que, sumadas a los elevados aranceles de Trump, provocaron que la economía se desacelerara. Resultado: en 2025, el crecimiento fue de 2,3% y el Banco Central y el mercado proyectan un crecimiento de 1,5% para 2026. Y en este horizonte, todavía hay muchas nubes cargadas. 

Si bien es cierto que la tasa de desempleo se encuentra en el nivel más bajo de la serie histórica (en torno de 5,5% de la población económicamente activa), la renta media de los trabajadores sigue creciendo y, en 2024, Brasil alcanzó un stock de alrededor de un billón de dólares en inversión extranjera directa (récord en la serie histórica del Banco Central, con eeuu a la cabeza con más del triple de inversiones que el segundo clasificado), hay otros datos que deben tenerse en cuenta para obtener una imagen más clara de cómo la economía puede afectar la sucesión en 2026. Con una deuda bruta del gobierno (incluidas las obligaciones de los gobiernos federal, estatales y municipales) en torno de 78% del pib y un déficit de cuenta corriente equivalente a 3,5% del pib, el Banco Central ha justificado el mantenimiento de los tipos de interés en 15% (que no se prevé que empiecen a bajar hasta 2026), lo que inhibe el consumo, la producción y la expansión de las actividades productivas. El marco fiscal, sancionado en 2023 en sustitución de la anterior regla del techo de gastos, acumula casi 20 excepciones en dos años, como resultado de las presiones del Ejecutivo y del Congreso Nacional12. Con cada excepción, la regla pierde credibilidad. 

Pero hay otras cifras aún menos alentadoras: 72 millones de brasileños están en mora (es decir, 43% de los adultos, la cifra más alta desde que se empezó a realizar la encuesta); la tasa de interés de las tarjetas de crédito renovables supera desde hace tiempo el 450% anual (y la morosidad superó el 60%), en una economía con una inflación de alrededor de 5% anual. El sentimiento de agotamiento y la dificultad para vislumbrar una salida por parte de una parte considerable de la sociedad complican aún más el panorama y conducen a respuestas sociales que agravan la situación actual. La búsqueda de una solución en las apuestas electrónicas (bets) ha hecho que este panorama sea aún más desafiante y desolador: el porcentaje de brasileños mayores de 16 años (es decir, los que ya pueden votar) que declaran haber realizado algún tipo de apuesta subió de 24% en octubre de 2024 a 36% en septiembre de 2025, lo que ha duplicado la tasa de endeudamiento por las apuestas en línea y un drenaje de recursos del mundo del consumo13. 

En definitiva, existen problemas tanto macro como microeconómicos que podrían impactar en 2026, y el actual gobierno no tiene ni la voluntad ni la mayoría parlamentaria para lograr soluciones estructurales y duraderas. Hay, además, una clara tensión entre un «ala técnica» liderada por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y un «ala política» encabezada por el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, ambos del Partido de los Trabajadores (pt), ambos presidenciables, sobre el rumbo de la agenda económica. Del mismo modo, la promesa de reindustrialización no se está concretando y el sector agroindustrial explica gran parte del crecimiento económico. Nunca está de más recordar que la sensación de bienestar es más determinante que la curva del pib, y aquí reside un problema central que debe enfrentar el actual gobierno en el escenario electoral que se avecina. 

El (siempre desafiante) ámbito social

En un país como Brasil, marcado por una desigualdad estructural y estructurante de su sociedad, con una de las mayores concentraciones de renta del planeta, la cuestión social, siempre volátil, aparece como una variable importante. 

En 2022, Lula fue elegido con la promesa de rescatar la democracia e incluir a los pobres en el presupuesto de la Unión y a los ricos en el impuesto sobre la renta (a pesar de la elevada carga fiscal, esta es fundamentalmente regresiva). En el primer bienio (2023-2024) se produjo un crecimiento de 18% de la clase media (de 32,8 a 38,6 millones de personas) y un retroceso de 33% en el contingente clasificado como «miserable» (de 19,3 a 12,9 millones). A pesar de los indicadores positivos, el economista de la Universidad Estatal de Campinas Waldir Quadros destaca que la popularidad del gobierno no acompaña los datos: «Llevo más de 20 años trabajando con esta base de datos y metodología. Es la primera vez que se produce esta desconexión, porque, normalmente, hay un aumento de la movilidad social y mejora el reconocimiento del gobierno por parte de la población»14. 

Brasil registró un avance histórico en la lucha contra la pobreza. En dos años, el número de familias en situación de vulnerabilidad en el Registro Único se redujo en 25%. En mayo de 2023 eran 26,1 millones de hogares y en julio de 2025 pasaron a ser 19,56 millones. Esto representa 6,55 millones de familias que mejoraron su vida. En términos individuales, son 14,17 millones de personas las que han salido de la pobreza, según datos del Ministerio de Desarrollo Social15. En julio de 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en inglés) anunció que Brasil había vuelto a salir del Mapa del Hambre16, lo que se produce cuando el riesgo de desnutrición es inferior a 2,5% de la población (el país había reingresado en ese mapa durante el primer año del gobierno de Bolsonaro, en 2019, incluso antes de la pandemia mundial de covid-19, que agravó la situación). El retorno de la política de revalorización del salario mínimo, con ajustes anuales reales por encima de la inflación, sin duda también contribuyó a esta situación. A principios de octubre de 2025, se aprobó la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales al mes (aproximadamente 950 dólares), que entrará en vigor a partir de enero de 2026, frente al valor actual, en el que la tributación comienza en torno de los 3.000 reales (570 dólares), lo que beneficia directamente a 15 millones de personas. 

El programa Bolsa Família (creado durante el primer mandato de Lula da Silva) se reformuló por completo, ampliando la cobertura. El gobierno sabe que necesita programas sociales concretos para ser competitivo en 2026, y además de la mencionada exención del impuesto sobre la renta, ha programado iniciativas como Gás do Povo [Gas del pueblo] (que garantiza bombonas de gas gratuitas a 17 millones de familias) y Luz do Povo [Luz del pueblo] (que ofrece energía gratuita a los usuarios del Registro Único en situación de vulnerabilidad), entre otras. En materia de salud, amplió los programas Mais Médicos [Más médicos], Brasil Sorridente [Brasil sonriente] (programa odontológico) y Agora Tem Especialistas [Ahora hay especialistas], que agiliza las consultas y los exámenes en el Sistema Único de Salud (sus). En el ámbito de la educación, aumentó la inversión en matrículas en la enseñanza integral y creó el programa Pé-de-Meia [Fondo de ahorros], que incentiva a los estudiantes de secundaria a terminar el año escolar con un apoyo financiero de hasta 1.750 dólares para quienes aprueban las tres etapas y se presentan al Examen Nacional de Enseñanza Media (enem) (bachillerato). Además, en vísperas del ciclo electoral, el gobierno promete movilizar energías para intentar aprobar una enmienda constitucional que aboliría la escala 6x1 (jornada laboral habitual en Brasil, en la que se trabaja seis días y se descansa uno), además de implantar la tarifa cero para el transporte público (lo que eximiría a los usuarios del pago del pasaje). 

No obstante, la sensación de mejora en la calidad de vida no está garantizada y, hasta el momento, muchos de estos avances (la mayoría puntuales y no estructurales) –y su sostenibilidad en el tiempo– son percibidos con desconfianza por gran parte de la sociedad brasileña. El margen de maniobra del gobierno es bastante reducido: alrededor de una cuarta parte de los gastos no discrecionales están en manos del Poder Legislativo, a través de enmiendas fiscales, lo que aumenta la falta de transparencia, la corrupción, la dispersión y la falta de organicidad de las políticas públicas, además de debilitar al Poder Ejecutivo en su capacidad para establecer la agenda. 

La politización de los militares

La transición en el área de Defensa de Bolsonaro a Lula fue particularmente tensa, con nombramientos tardíos para el Ejército, la Armada y la Aeronáutica, y con los comandantes militares nombrados por el presidente Bolsonaro negándose a transmitir sus cargos en presencia del comandante supremo recién elegido y siendo absolutamente tolerantes con los extremistas de derecha que seguían manifestándose frente a los cuarteles a favor de un golpe militar. Esta fue la única área del equipo de transición sin miembros designados por Lula, quien nombró a José Múcio, un político de derecha que mantiene un diálogo con Bolsonaro, como nuevo ministro de Defensa17. Aun así, por ejemplo, el nuevo comandante de la Fuerza Terrestre, Júlio Cesar de Arruda, duró menos de un mes en el cargo, ya que el jefe militar mantuvo una postura corporativista y desafiante frente a la necesidad de recuperar la confianza pública en un Ejército cuestionado18.

Como señalamos, el fallido intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, el plan Punhal Verde Amarelo –concebido en noviembre de 2022, con equipos formados por militares de las Fuerzas Especiales, los llamados kids pretos, que vigilaban la vida cotidiana y los itinerarios del ministro, el presidente y su vicepresidente con la intención de asesinarlos– y militares de alto rango involucrados en actividades ilícitas, dio lugar a la ya mencionada condena histórica del 11 de septiembre de 2025, en la que, por primera vez en la historia de Brasil, oficiales superiores y generales fueron condenados por un tribunal civil. De todos modos, los cuarteles siguen estando muy politizados y aún simpatizan con el ex-presidente Bolsonaro, y no existe efectivamente un control civil democrático ni una dirección política por parte del poder civil sobre este instrumento de fuerza del Estado. 

Consideraciones finales

Sean cuales fueren el rumbo y el aspecto que tome la coyuntura política en 2026, la polarización seguirá siendo un hecho, dado que interesa a los dos principales líderes actuales, Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Un Lula revivido por Trump ha venido ganando terreno, pero siempre es importante recordar que llegará a las elecciones de 2026 con 81 años, y el recuerdo de Joe Biden, quien debió abandonar la carrera electoral en virtud de los problemas generados por su avanzada edad, es una sombra sobre la candidatura del ex-obrero metalúrgico (aunque solo sea unos meses mayor que Trump). Los expertos señalan que, a grandes rasgos, el electorado en Brasil se divide entre un tercio que apoya a la derecha y un tercio que apoya a la izquierda. El 30% restante es el elemento central de la ecuación. Se estima que, de este contingente, dos tercios se abstendrían de votar y el 10% restante se compondría de swing voters, que podrían escorarse hacia un lado o hacia el otro. Lula tiene un piso alto, pero un techo bajo, ya que cerca de la mitad del electorado reitera constantemente que no votaría por él. El bolsonarismo, por su parte, se ha convertido en una herencia tóxica para muchos de sus aliados: atrae votos, pero repele alianzas. Por ello, la de 2026 será, probablemente, una elección reñida, en la que ganará el voto de los indecisos quien logre conectar con la ciudadanía mostrando el camino hacia una vida mejor, y no solo agendas abstractas en favor de la institucionalidad y la promoción de la democracia. 

En el ámbito económico, la reforma tributaria, considerada el mayor cambio en el sistema impositivo de las últimas décadas, comenzó a regir en enero de 2026 con la implementación experimental de la contribución sobre bienes y servicios (cbs) y el impuesto sobre bienes y servicios (ibs), lo que puede suponer una reducción de la pesada carga fiscal que soportan los empresarios, los trabajadores y los consumidores. El pib debería seguir creciendo, con una probable reducción de los tipos de interés, lo que afecta directamente a los ciudadanos de a pie, pero una inflación anual persistente en torno de 5% afecta las evaluaciones gubernamentales y sigue siendo un reto que hay que afrontar. 

Los indicadores sociales, en especial la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, deberían seguir mejorando, con la generación de más puestos de trabajo y el aumento de la renta media. La seguridad pública, el control del gasto y la salud siguen siendo los talones de Aquiles del actual gobierno, y la sociedad en su conjunto reclama profundas reformas en estas áreas. 

Para cerrar nuestro balance, en vísperas del 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, Lula da Silva se reunió en una barbacoa informal con el ministro de Defensa, los actuales comandantes militares y los antiguos comandantes de sus mandatos anteriores. En la agenda, en lo que el ministro Múcio denominó «encuentro entre amigos», figuraba la solicitud de un plan estratégico de defensa para los próximos 20 años, teniendo en cuenta los actuales movimientos tectónicos del sistema internacional. En la práctica, se trató de una demostración de aprecio institucional en vísperas del juicio de Jair Bolsonaro y de militares conocidos por su participación en intentos de golpe de Estado, y una forma de intentar pacificar a las tropas teniendo en cuenta el próximo periodo electoral. El rápido reconocimiento de la victoria en 2022 por parte de Biden y los mensajes directos e indirectos de que, si se producía cualquier tipo de ruptura institucional, cesaría toda clase de cooperación militar con eeuu tuvieron un peso importante para garantizar la toma de posesión de Lula. Con Trump en la Casa Blanca hasta 2029, el panorama cambia sustancialmente. 

En definitiva, en este breve balance y perspectivas para 2026, creemos que muy probablemente tendremos un año marcado por la normalidad institucional, sin grandes sobresaltos, a la espera de lo que pueda deparar la candidatura de Flávio Bolsonaro. Los ámbitos económico y social, a pesar de los retos y las crisis puntuales, en general deberían seguir arrojando cifras e indicadores positivos. La cuestión militar entra como una variable sin resolver, pero por ahora pacificada con señales presupuestarias y planes de defensa más sólidos. La carrera presidencial ya ha comenzado y, efectivamente, se extiende a todos los ámbitos de la vida política, económica y social del país, bajo el signo de la polarización.

Nota: la versión original de este artículo se publicó en Pablo Stefanoni y Érika Rodríguez Pinzón (eds.): América Latina en el cruce de caminos: apuestas ideológicas, cambios culturales y reconfiguraciones globales. Informe anual 2025-2026, Fundación Carolina, Madrid, 2026.