La IA: Cuestion de etica y capacidades en America Latina y el Caribe

Fuente: El Pais

Escribe: Christian Asinelli

 La inteligencia artificial (IA) representa una nueva cuestión social. Modifica la forma en que se produce valor económico, se organizan los Estados, se ofrecen servicios y se establece el delivery de políticas públicas, se distribuye información y se ejerce el poder, en general. Sus promesas son, además, reales. Eficiencia operativa, productividad, transformación sectorial y mejores servicios para la ciudadanía. Pero, su despliegue plantea a la vez una pregunta ética y política sobre qué reglas, con qué instituciones y bajo qué idea de lo humano queremos desarrollar esta tecnología.

Para América Latina y el Caribe, en particular, esa doble dimensión ética y política es decisiva. La IA puede ayudar a superar trampas históricas del desarrollo regional como son las brechas sociales, económicas y territoriales, la baja productividad, los servicios públicos fragmentados, las capacidades estatales limitadas y la escasa sofisticación tecnológica. Pero, a la vez, puede profundizar las dependencias existentes, concentrar beneficios, precarizar empleos, erosionar la participación ciudadana y automatizar decisiones sin suficiente control humano.

En ese sentido, el riesgo no es solo tecnológico, sino que implica la posibilidad de que se naturalicen nuevas dependencias y se erosione la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos. Como señaló el Papa Francisco en su discurso de 2024 ante los principales líderes del G7, en Italia, la inteligencia artificial no debe favorecer una “cultura del descarte” que contribuya a la exclusión social o a la quita de responsabilidades por parte de las instituciones, sino que se debe siempre priorizar la “misma dignidad humana”.

En cuanto a su uso en la región, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, elaborado por CENIA con apoyo de CAF, muestra una aceleración notable en la adopción de IA generativa. América Latina y el Caribe representa ya entre el 15 y el 20% de las descargas globales de esta herramienta y concentra una proporción de visitas a soluciones de IA superior a su peso demográfico. En países como Perú, Chile, Costa Rica o Uruguay, el uso per cápita de plataformas de IA generativa supera el promedio mundial.

Sin embargo, esa aceleración descansa sobre bases débiles. La inversión en IA en América Latina representa sólo el 1,12% del total global, pese a que la región genera cerca del 6,6% del PIB mundial. La capacidad computacional está altamente concentrada, mientras que el talento avanzado sigue siendo escaso y está sujeto a fuga. Además, en materia de datos e interoperabilidad, siguen existiendo brechas importantes. La gobernanza muestra estrategias nacionales e iniciativas regulatorias, aunque pocas se han traducido en presupuestos, hojas de ruta operativas o mecanismos robustos de implementación y evaluación.

Vivimos en una región en la que el talento está distribuido de manera homogénea a lo largo y ancho de todo el territorio. Lo que no está distribuido homogéneamente son las oportunidades. Y, en ese contexto, la IA no es un proceso técnico neutral, sino un terreno de decisiones políticas, económicas y éticas que obliga a pensar qué sociedades queremos construir y a quiénes incluimos en ese proceso.

Por otro lado, hoy, la pregunta no radica solo en responder qué valores debe respetar la IA, sino en qué estructuras de poder reproduce esta tecnología y en quién controla el cómputo, los datos, los modelos, la nube, los chips, los centros de datos, la energía y los estándares. El Papa León XIV lo advierte en su reciente encíclica, Magnifica Humanitas, al referirse a las “nuevas esclavitudes digitales” como las formas actuales de reproducir relaciones de poder que profundizan la desigualdad entre los diferentes actores de una sociedad.

Para la región, el mayor desafío en estos sectores es que la transformación no traiga desarrollo. Es decir, que quede atrapada en una IA importada, regulada desde afuera, entrenada con datos ajenos, desplegada sin capacidades públicas y financiada como consumo tecnológico, en lugar de como infraestructura de desarrollo.

En los próximos años, esa tarea estará atravesada por tensiones marcadas, en primer lugar, por la definición entre regular sin capacidad y construir capacidad para gobernar. La pregunta correcta será, en ese caso, qué instituciones necesita cada país para monitorear, auditar, comprar y corregir sistemas de IA. En segundo lugar, será fundamental operar la tensión entre ética declarativa y ética operacional. La ética de la IA no se prueba en una declaración, sino en terrenos más concretos como una licitación, un hospital, un juzgado, una escuela y una ventanilla pública. Convertir principios en procedimientos, es decir, evaluaciones de impacto, auditorías, trazabilidad, reclamación ciudadana etc., representa el trabajo concreto que debe hacerse. En tercer lugar, se decidirá entre soberanía tecnológica y soberanía práctica. No todos los países podrán entrenar modelos fundacionales propios, pero eso no quitará la posibilidad de una soberanía práctica, que contendrá datos interoperables, cómputo accesible, talento local, modelos adaptados al contexto y capacidad estatal para evaluar y supervisar lo que se compra o despliega. A esto se suma una tensión distributiva que no puede ignorarse. La IA puede elevar la productividad, pero sus beneficios llegarán primero a quienes ya tienen conectividad, educación y empleo formal. Sin política pública y regulación, las brechas entre empresas, territorios y países corren el riesgo de seguir ampliándose.

América Latina y el Caribe es una región solución a los problemas globales. Tiene agua, biodiversidad, producción alimentaria para cubrir las necesidades de 1.300 millones de personas, minerales raros, talento humano, una matriz energética limpia y muchísimas oportunidades para ofrecer al mundo. En materia de IA, tiene la tarea urgente de construir sus propias condiciones de participación en la gobernanza global de la IA. Eso exige establecer posiciones comunes y una voz regional articulada sobre cómputo, datos, estándares, derechos y empleo digno.

La región necesita además una agenda regional de IA basada en capacidades, pero también orientada por una brújula ética clara. Es decir, debe servir para ampliar la dignidad humana, proteger la participación ciudadana, fortalecer la democracia y distribuir mejor los beneficios del progreso tecnológico.

Esa agenda cuenta con cinco componentes que se condicionan mutuamente. La infraestructura (cómputo, nube, conectividad significativa, centros de datos sostenibles), que es la condición para decidir con autonomía. Los datos interoperables, seguros y representativos, que representan la materia prima para resolver problemas propios. Las capacidades estatales (reguladores, compradores públicos, auditores), que convierten la tecnología en valor público. El talento y la protección de los trabajadores, que determinan quiénes se benefician de la transición. Y la cooperación regional (estándares comunes, modelos abiertos, posiciones compartidas en foros globales), que es lo que convierte la diversidad de la región en escala e influencia en lugar de fragmentación.

CAF apoya a los países de América Latina y el Caribe en la construcción de estas capacidades para que la Inteligencia Artificial se traduzca en desarrollo. En ese marco, junto con la Unesco y el Gobierno de República Dominicana, la institución impulsó hace algunas semanas la Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades de Inteligencia Artificial de América Latina y el Caribe, un espacio regional que permitió discutir cómo la región puede dejar de ser usuaria pasiva de tecnologías desarrolladas en otros lugares y convertirse en protagonista de una gobernanza de la IA centrada en capacidades, derechos y desarrollo.

La inteligencia artificial puede avanzar bajo una lógica de competencia, vigilancia, concentración y poder, o puede orientarse hacia lo que el Papa Francisco llamaba una cultura del encuentro, cooperación, dignidad humana, responsabilidad pública y paz. Esa es la decisión política de fondo. Y es, fundamentalmente, una decisión que le corresponde a la sociedad tomar.